Sin financiación suficiente, sin la garantía absoluta de una definitiva restauración de la dignidad póstuma de las víctimas y sin la seguridad de no concluir el proyecto de exhumación y reparación, lo mejor es no tocar la fosa 702.
Artículo de opinión de Luis Miguel Sánchez Tostado.
Respecto a la noticia «Llegó la hora de la fosa 702» publicada por El País, y otras aparecidas en distintos medios de comunicación sobre las futuras exhumaciones de la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio de Jaén, junto a las anticipadas y triunfalistas valoraciones de algunos cargos políticos, quisiera exponer un par de aclaraciones y un planteamiento reflexivo.
En primer lugar, Dolores García-Negrete no está enterrada en la fosa 702. Tras su fusilamiento, sus restos fueron inmediatamente llevados a un nicho para posteriormente ser trasladados al panteón nº 82 que la familia Castillo tiene en el cementerio de San Fernando.
En segundo término, el último enterramiento en la fosa 702 no fue el de “un guerrillero antifranquista de Sierra Morena en 1948”. Ese año enterraron en Jaén algunos miembros de la guerrilla de “Cencerro” tiroteados por la Guardia Civil que actuaban en la Sierra Sur (no en Sierra Morena). El último inhumado en dicha macro fosa fue Lorenzo García Cobo, albañil de Mancha Real ejecutado el 6 de abril de 1949 (no en 1948).
Se ha hecho público que el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, invertirá 507.813,46 euros en Andalucía para buscar, exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. De ese montante corresponden a Jaén unos ridículos 60.000 euros con los que no habría ni para empezar, teniendo en cuenta la magnitud de la fosa 702 que alberga entre 1.000 y 1.200 restos humanos [1] y que el actual monolito en honor a las víctimas, que tanto nos costó conseguir a los antiguos fundadores de la ARMH de Jaén, se encuentra ubicado justo encima de dicha fosa.
En los últimos días he recibido diversos correos electrónicos de familiares de víctimas enterradas en la fosa común, de alguna manera preocupados por desconocer las futuras gestiones con los restos mortales de sus ancestros, temiendo, y con razón, que con la ridícula aportación económica para Jaén, no solo no se llegue a realizar por falta de presupuesto y/o conflictos políticos entre administraciones de distinto signo, sino que, además, se desmonte, y se pierda, el monolito actual en su honor. “Sería una pena derribar el monumento. Cada año asistimos al homenaje y nos emociona que Ernesto repose junto a sus camaradas y demás seres humanos. No obstante, nos gustaría ir conociendo los pasos que se vayan dando”, me escribía hoy mismo Ángeles, sobrina de una de las víctimas que yacen en la 702. Y entiendo su solivianto por cuanto en la comunicación oficial se dice que ese dinero está dedicado a “exhumar e identificar a las víctimas”, pero ante la precaria asignación para Jaén, se matiza desde la capital, sin demasiado convencimiento, que “se trata de un primer paso de intervención para afrontar los trabajos de investigación, localización y delimitación de la fosa“, para intervenir en una fase posterior y exhumar esos cuerpos. Pero la fosa 702 está investigada, localizada y delimitada desde hace muchos años. Ya la abordé en mis estudios: “Víctimas, Jaén en guerra” (Ayto. de Jaén, 2005) y “La guerra civil en Jaén” (2006).
«La guerra civil en Jaén» de Luis Miguel Sánchez Tostado.
¿En qué se emplearán los 60.000 euros? Deduzco que buscar restos con geo-radar, desmontar el monolito de las víctimas para trabajar con comodidad y hacer los trabajos previos de adecuación sobre unas exhumaciones que intuyo no podrán realizarse por falta de presupuesto si no se destina una amplia consignación futura para tal fin. La minuciosa labor de exhumación en una fosa de tales proporciones, la recogida de miles de restos, su estudio, clasificación e identificación con pruebas de ADN incluido proceso comparativo con muestras indubitadas de sus descendientes, la entrega de restos a los familiares, el cerramiento y adecentamiento del espacio y la reinstalación del monolito (obra del catedrático de Bellas Artes Miguel Fuentes Olmo, que no debería perderse), ni por asomo alcanzaría con 60.000 euros.
La incertidumbre aumenta cuando, al mismo tiempo que se anuncia, se reconoce que “será necesario un convenio que implique al Estado, a la Junta de Andalucía, la Diputación y al Ayuntamiento de Jaén”. Pero ese convenio, ni se ha producido ni tiene visos de prosperar con el actual gobierno de la Junta de Andalucía gobernado por la derecha y sostenido por la ultraderecha, que se oponen sistemáticamente a intervenciones relacionadas con la Memoria Histórica. Si desde la oposición vetaron proyectos socialistas en Jaén como el tranvía o el parque acuático, entre otros, con mayor ahínco se opondrán a exhumar víctimas del franquismo mientras controlen las instituciones públicas andaluzas. Se dice, además, que las exhumaciones podrían dar comienzo a finales de 2022, pero en diciembre de ese año se celebrarán las elecciones generales y una victoria del PP y sus apoyos, darían al traste definitivamente con ese proyecto, con lo cual debería plantearse una estrategia de intervención acorde con las posibilidades de llevarlo a cabo sin correr el riesgo de abandono o de quedar a medias como lamentablemente se habitua en la capital del Santo Reino.
Si Jaén es de las pocas las provincias de España que disponen de un obituario de víctimas de la guerra civil de los dos bandos, es gracias a los cinco años que dediqué a ello y que pude concluir en 2004 tras hacerme 23.000 kilómetros y digitalizar 15.000 documentos y actas de defunción. Llevo décadas reclamando la dignidad póstuma de las víctimas de la dictadura (sobre la fosa 702 véase el video “La fosa de los perdedores”), de hecho la Junta de Andalucía me concedió en 2013 el Premio “Tejedores de Memoria” en reconocimiento al compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz. Sin embargo, considero que unas exhumaciones rápidas, improvisadas, precariamente presupuestadas, que conlleve desmontar el monumento a las víctimas, y que el proyecto quede inconcluso por un cambio de gobierno en las próximas elecciones supondría empeorar la situación y acrecentar la ignominia de las víctimas de la dictadura.
En mi opinión convendría no desmontar el monolito, y caso de ser necesario por los trabajos de geo-radar, volver a montarlo inmediatamente. Y, por supuesto, no realizar ninguna exhumación hasta no conocer el nuevo panorama político que establezcan las elecciones de 2022 para evitar episodios de mayor afrenta. Sin financiación suficiente, sin la garantía absoluta de una definitiva restauración de la dignidad póstuma de las víctimas y sin la seguridad de no concluir el proyecto de exhumación y reparación, lo mejor es no tocar la fosa 702.
Notas:
[1] En mi obra “La guerra civil en Jaén” documenté la fosa 702 del viejo cementerio jiennense. En ella, además de albergar la mayor parte de las ejecuciones con formación de causa durante la dictadura, también se inhumaron algunos presos muertos en la prisión provincial por distintas causas, algunas muertes violentas y víctimas de suicidios.
